Caso Convenios y responsabilidad política

El llamado Caso Convenios, donde se investiga el posible traspaso irregular de millonarias sumas de dineros públicos a decenas de fundaciones, ya dura tres semanas y se perfila como el principal desafío político que enfrenta el Gobierno en la actualidad.

El escándalo ya ha provocado las salidas de dos seremi y un subsecretario, pero al abrirse indagaciones de la Fiscalía en varias regiones y al aumentar el número de instituciones investigadas, la reacción de La Moneda ha mezclado el compromiso de total transparencia y de aplicar las sanciones que corresponda, con una defensa a rajatabla de los dos ministros que más claramente tienen responsabilidades políticas en este asunto: el de Vivienda, porque han sido reparticiones de esa cartera las acusadas de desviar fondos a numerosas fundaciones ideológicamente vinculadas al oficialismo; y el de Desarrollo Social y Familia, como fundador y principal referente político de Revolución Democrática, el partido donde milita la abrumadora mayoría de quienes aparecen vinculados a las irregularidades que se investigan.

La impresión de que en este caso se “corta el hilo por lo más delgado” puede ser muy dañina para la confianza ciudadana.

En ambos casos, los ministros han alegado que ellos no tenían conocimiento directo de lo que ocurría. Hasta ahora no hay indicios de ello, por cierto, pero es justamente por eso que la responsabilidad que se reclama desde la oposición, y algunos independientes, es política y no penal o administrativa: es la responsabilidad de quien, sin conocimiento o participación directa en los hechos, ejerce un cargo jerárquicamente superior y con deber de supervisión y control sobre los implicados.

La magnitud de lo que se ha ido revelando apunta a un modo de funcionamiento muy extendido de torcer las normas y usar el dinero público en el que participaron decenas de personas, si no más. Este no debe enlodar, como ha recalcado este diario, a la mayoría de instituciones de la sociedad civil cuyo trabajo en conjunto con el Estado cumple una función social virtuosa e irremplazable. Sin embargo, la impresión de que en este caso se “corta el hilo por lo más delgado” puede ser tanto o más dañina para la confianza ciudadana que el golpe político asociado a un eventual cambio ministerial.

La Moneda, como los líderes políticos de RD que rehúsan dar un paso al costado, deben entender el correcto orden de prioridades.